Cobertura de Nacho Cadario
En cumplimiento de la ordenanza que obliga a los funcionarios municipales en ejercicio a realizarse un “narcotest” en un plazo de dos meses, el intendente Martín Llaryora y su Vice, Daniel Passerini, asistieron ayer a la Dirección de Especialidades Médicas (DEM) del centro para someterse al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. La ordenanza fue sancionada en el Concejo Deliberante el pasado 18 de mayo y reglamentada el 21 de julio.
El actual viceintendente e intendente electo de la ciudad de Córdoba habló tras haberse realizado el estudio. “No queremos que haya ningún punto de contacto entre la gestión pública y la política con el narcotráfico”, sentenció. “Quien consume drogas ilegales, además de claramente tener un problema de salud, está violando la ley”, aclaró Passerini y aseguró que ningún funcionario público puede negarse a cumplir la ordenanza ya que es parte de sus deberes.
Por otro lado, comentó que en el caso de que los resultados den positivos se va asegurar la confidencialidad pero que claramente está información se elevará a la municipalidad para poder tomar las medidas necesarias. “Lo más importante es que esto es un problema de salud serio que debe ser tratado y no queremos tener vínculos con drogas ilegales en Córdoba”
Los únicos casos que podrían ser considerados como “excepcionales” son aquellos donde quien se realice las pruebas consuma cannabis con funciones estrictamente medicinales. En ese caso se deberá presentar las recetas medicas pertinentes e informarlo en el momento del estudio. Aún así el intendente fue claro con la medida y reiteró que el uso recreativo de drogas en Córdoba es completamente ilegal.
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