La Inspección General de Justicia (IGJ) ha declarado el fideicomiso organizado por Santiago Maratea para pagar la deuda de Independiente como “ineficaz e irregular”. El organismo ha ordenado iniciar una acción para designar un interventor informante que controle el fideicomiso. La Justicia está analizando diversos aspectos del acto jurídico, como el domicilio en el que se constituyó, que inicialmente fue en Neuquén, y se plantea la razón de esta elección.
En medio de la polémica, Claudio Levy, uno de los abogados del fideicomiso, ha abordado algunos de los puntos que han generado debate. Explicó que el exarquero de Independiente, Miguel Ángel “Pepe” Santoro, es el fiduciante y que la firma del acuerdo se realizó en Neuquén debido a la facilidad de los trámites administrativos en esa jurisdicción. Levy también se refirió a la confidencialidad del contrato de creación del fideicomiso y señaló que la decisión de no hacerlo público corresponde al grupo de Maratea.
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El fideicomiso en cuestión ha generado controversia debido al 5% de remuneración que recibirá Santiago Maratea por su gestión. Ante las críticas, Éste declaró que es una obligación legal y que desconoce el resto de los gastos. Ha destacado que está dispuesto a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores y trámites, pero asegura que su porcentaje es solo del 5% de los 20 millones de dólares que intenta recaudar. Asimismo, ha mencionado la responsabilidad penal que conlleva su rol como fiduciario y ha defendido su trabajo en el fideicomiso, comparándolo con su labor como recaudador en otras colectas solidarias. También ha expresado su preocupación por la seguridad de recibir esa suma de dinero y ha mencionado la posibilidad de invertirla en una casa.
