Este jueves se presentó la Ley Blas, elaborada por la familia de Valentino Blas Correas junto a la diputada nacional Gabriela Brower de Koning y académicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue presentada por la mamá del adolescente, Soledad Laciar, junto a la funcionaria y el especialista en Seguridad Miguel Robles.
El objetivo del proyecto, según explicó Brouwer, “es proponer un nuevo tipo penal específico para tratar la violencia institucional ejercida por la policía, militares y fuerzas de seguridad nacional. También se busca lograr progresivamente el desarme de la sociedad civil, y se basa en un trabajo realizado con la familia de Blas, académicos y especialistas para crear una sociedad más segura”.
En una conferencia de prensa realizada en el Museo de Antopropología se presentaron tres modificaciones al Código Penal:
1. Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de fuerzas de seguridad, con una condena de entre ocho a 12 años de prisión, además de una inhabilitación absoluta para volver a trabajar en una fuerza de seguridad.
2. Un nuevo tipo penal sancionatorio a quienes “planten” armas o alteran la escena del crimen, con una escala penal de 10 a 20 años de prisión.
3. Reducir la pena al grado de tentativa a aquellos policías que se arrepientan de haber actuado de mal forma y colaboren con la Justicia. La idea, según explicaron, es romper los pactos de impunidad, los códigos de silencio que suelen imperar en las fuerzas de seguridad.
Entre los asistentes a la presentación estuvieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Laura Echenique, asesores legales de la Policía de Córdoba y también importantes funcionarios del arco opositor, encabezados por el candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez.
Soledad Laciar indicó que con esta ley ella persigue “que no haya nunca más un Blas” y que quiere romper con los pactos de impunidad al interior de la Policía de Córdoba en lo que respecta a los casos de gatillo fácil. La mamá del joven también cuestionó la medida dictaminada en las últimas horas por el fiscal José Mana, quien ordenó remitir toda la investigación contra los funcionarios políticos y policiales en torno al crimen de su hijo al fuero de Anticorrupción, asegurando que allí “nunca se condena a nadie”, por lo que para ella, haber remitido la causa a esa fiscalía significa “llevar el caso a la impunidad”.
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