El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados le envió ayer una carta al presidente Alberto Fernández. Plantearon la posibilidad de que los funcionarios de los tres poderes del Estado donen el 30% de sus sueldos para destinarlos a las tareas de prevención y asistencia por el coronavirus.
Desde el parido decidieron hacer este llamamiento al Jefe de Estado luego de una charla que mantuvieron por la tarde sus máximas autoridades: el radical Mario Negri, el macrista Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
En la nota, los parlamentarios expresaron que “las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país y el mundo requieren de las instituciones y actores políticos una mayor disposición a explorar alternativas, frente a un escenario indeseado que debe ser abordado con determinación, seriedad, responsabilidad y sensibilidad”.
“Sabemos de las dificultades que tiene el Estado Argentino, que se agigantan cuando las restricciones se multiplican, como pasa en cualquier crisis socio-sanitaria: los recursos son escasos y el tiempo es apremiante”, continuaron.
Concretamente, enumeraron: “Garantizar el acceso universal al sistema de salud en el contexto de la emergencia, particularmente a través de la compra de insumos críticos y reactivos para reforzar una política de testeo estratégico y el sostenimiento del empleo en el sector privado especialmente el que generan las PYMES de nuestro país y su distribución con criterio federal”.
“Dicho fondo debería constituirse con el 30 % de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial (Ministros de la CSJN, Camaristas, Jueces, Secretarios, Senadores, Diputados, Presidente, Vicepresidente, Ministros, Secretarios y Subsecretarios), el Ministerio Público Fiscal, los directorios de las empresas públicas y los organismos descentralizados y desconcentrados, y todos los ahorros que el Sector Público pueda realizar durante esta etapa, invitando también a Provincias y Municipios a tomar medidas de idéntico tenor”, detallaron.
Aclararon que “todo ello por un plazo de 90 días, sometiendo el control del gasto sobre dicho fondo a la Auditoría General de la Nación mediante un programa creado al efecto”.
