El juez instructor Benedito Gonçalvez del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil votó el día martes 27 de junio condenar penalmente al expresidente Jair Bolsonaro y así inhabilitarlo políticamente.
“Mantengo parcialmente la solicitud de condenar al primer investigado Jair Messias Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en las elecciones de 2022 y (…) declarar su inhabilitación por ocho años a partir de las elecciones de 2022″, comunicó el juez.
Bolsonaro no podrá participar en las elecciones generales de Brasil en 2026 en caso de que la mayoría del tribunal acompañe con un voto al juez Gonçalvez . La decisión final se conocerá este jueves cuando se reanude el juicio donde el resto de los magistrados y del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, votaran.
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El juez justifica su postura al explicar que el exmandatario brasilero ha hecho uso ilegitimo de los medios de comunicación difundiendo información falsa para desacreditar el sistema de votación, con un discurso que se transmitió por las redes sociales del expresidente y por la televisión pública. Este hecho podría favorecer la campaña electoral.
“La prueba producida apunta a concluir que el primer investigado (Bolsonaro) fue total y personalmente responsable de la concepción intelectual del hecho objeto de esta acción”, anunció el juez.
A pesar de las declaraciones del juez, la defensa toma las divulgaciones fuera de la campaña ya que no ínsita al voto y no está dirigida a un público votante.
Gonçalvez, a su vez, añadió que Bolsonaro violó los deberes presidenciales del país (anticonstitucional) por lo que tendría que garantizar los derechos políticos y de seguridad interior. También, criticó fuertemente la “banalización del golpe”, que hace referencia al asalto a las instituciones por parte de seguidores de Bolsonaro en enero de este año; “se veía a sí mismo como un militar a cargo al frente de las tropas” dijo el magistrado.
Si bien el exmandatario no salió perjudicado legalmente en esa ocasión, el TSE tiene registrado 16 demandas contra él que podrían justificar la inhabilitación por 8 años. Algunas de las denuncias son por: la creación de una red de desinformación contra sus rivales, abuso de poder político y económico por distribuir el programa de subsidios sociales en campaña.
