La Justicia electoral brasileña multa al partido de Bolsonaro por "mala fe" al pedir anulación de votos

El fallo destacó la "falta de pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria" de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje. Además, se consideró que el pedido fue "ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos"
El fallo destacó la "falta de pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria" de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje. Además, se consideró que el pedido fue "ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos"

El Supremo Tribunal Electoral (STE) brasileño multó la noche de este miércoles por unos 4,2 millones de dólares al partido del presidente Jair Bolsonaro tras negar un pedido de revisión del resultado de las elecciones ganadas por el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Al respecto, el presidente del TSE, Alexandre de Moraes, consideró de "mala fe" la denuncia presentada el martes por la agrupación política, según una nota publicada en el sitio del tribunal.

En el fallo, destacó la "falta de pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria" de unas 280.000 urnas electrónicas utilizadas en el balotaje presidencial.

Cabe mencionar que Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente el 30 de octubre, al derrotar al mandatario ultraderechista por un estrecho margen de 50,9% a 49,1% en la segunda vuelta de la elección.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro requirió invalidar los votos de las urnas electrónicas «en que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento», y que se determinaran las consecuencias sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones. Las urnas en cuestión, según la denuncia, corresponden a modelos anteriores a 2020.

Según Moraes, que consideró "absolutamente falsos" los argumentos presentados, el pedido fue "ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera inconsecuente, con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos",