Tras el resultado positivo para el oficialismo en las elecciones del domingo pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó revisar en el Congreso una serie de gastos del Estado que totalizan casi un 5% del PBI, con la meta de alcanzar un superávit primario del 1% del PIB para 2024.
Se trata de la “separata” adjunta al proyecto de Presupuesto 2024 que incluye diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que otorga el gobierno para facilitar la producción de algunos sectores (como jueces o titulares de inmuebles rurales en el exterior) o zonas geográficas (Tierra del Fuego).
El debate de este tema tendrá lugar esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En la sesión hablarán el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el director general de Aduana, Guillermo Michel; y la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
La pérdida de recaudación estimada para el 2024 por estos alivios impositivos es de 4,72% del PIB que se distribuirían entre gastos tributarios (2,34% del PIB, que comprenden los derivados de normas impositivas y los regímenes de promoción económica) y otras bajas de impuestos con impacto en el presupuesto (2,38% del PBI).
El Palacio de Hacienda propuso limitar o derogar una serie de gastos tributarios y beneficios impositivos con impacto presupuestario negativo del 2,24% del PIB (1,47% en el primer caso y 0,77% en el segundo) mediante la “separata” con la finalidad de “propender al logro de cuentas fiscales sostenibles que permitan el financiamiento de políticas públicas prioritarias y mantener resultados primarios positivos”.
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Propuesta de ajuste a los gastos tributarios
El primer punto a tratar será la exención del impuesto a las Ganancias para todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial tanto nacional como provinciales (hoy solo tributan los designados desde 2017). Para 2024, la exención generaría una pérdida de $566.877 millones (0,16% del PBI).
“Este beneficio no parece estar asociado a una política pública con impacto social general. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”.
Ministerio de Economía.
Con respecto al impuesto a las Ganancias aparece la exención para asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11% del PBI). En la cartera económica advierten que parte de los beneficiados comprenden a instituciones bancarias y empresas aseguradoras que deberían estar alcanzadas por el tributo.
El IVA (Impuesto al Valor Agregado), se intentará revisar las alícuotas reducidas que rigen para diversos productos y servicios (0,62% del PBI).
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A su vez, se propone analizar una reducción significativa a las contribuciones de la seguridad social que significaría un total del 0,08% del PBI. También, se propone gravar con Bienes Personales los inmuebles rurales ubicados tanto en el país como en el exterior.
Entre las medidas de promoción económica, el que más gasto genera es el que beneficia a Tierra del Fuego (0,33% del PBI), vigente desde hace cuatro décadas con el objetivo de incrementar la población del fin del mundo.
Desde Economía proponen una reducción gradual del beneficio “que incluya la revisión de sectores industriales alcanzados y de sus criterios de implementación”.
El último punto que propone revisar Economía es el régimen para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Ley 27.264), en lo que hace al pago a cuenta en el impuesto a las Ganancias del 100% del impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente.
Los beneficios impositivos restantes:
Desde Economía también llamaron a derogar la exención de inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales, que representa un 0,48% del PIB. Notifican que sólo en relación a los inmuebles de procedencia rural en el exterior, la titularidad se concentra en 450 residentes en el país.
Asimismo, intentará finalizar con la dispensa del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que recae sobre los ingresos de directores de sociedades, que representaría en 2024, un 0,29% del PIB.
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