En las últimas horas, legisladores del Frente Cívico presentaron una denuncia en contra del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a quien acusan de haber cometido el delito de defraudación pública, afirmando que ordenó la compra de vehículos con sobreprecios de un 70 por ciento.
Se trata de automóviles Renault Sandero y Peugeot 208 destinados al programa Seguridad Ciudadana. En el caso del Sandero, el precio en el mercado es de aproximadamente 23 millones de pesos pero habrían sido adquiridos por 37 millones. En el caso de los Peugeot, su valor ronda los 22 millones y se habría acordado su compra por 38 millones de pesos.
El Frente Cívico, espacio político que Quinteros supo integrar durante varios años, realizó la denuncia ante Tribunales I. Las cámaras de Canal C mostraron al legislador Walter Nostrala, quien expresó que "Nos pareció una locura 15 millones por encima del valor del mercado", y que al enterarse de la situación, "hicimos la denuncia junto al legislador (Gregorio) Hernández Maqueda".
"La compra se hizo por el Tribunal de Cuentas. Queda claro que hubo una intención de comprar a esos precios. Quedó adjudicada. Hoy vemos que una de las empresas hace propaganda (publicidad) de los mismos autos, los ofrecen a 19.4 millones de pesos. Y la Provincia los compraba a 38. Nos parece un exceso en un momento como este", indicó Nostrala.
El funcionario también aclaró que no se está denunciando al concesionario privado que habría vendido los vehículos a un precio superior, sino directamente al Estado de Córdoba a través del Ministerio de Seguridad. "No creemos que hubo un ardid", indicó. "Seguridad licitó y adjudicó a estos valores. Nosotros somos oposición y apuntamos a controlar", indicó acerca del accionar del Tribunal de Cuentas, hoy a cargo de la oposición.
Quinteros respondió a la denuncia en su contra: "Plantear sobreprecios es imprudente e inapropiado"
El ministro Quinteros realizó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno para responder a la acusación y negó todo tipo de implicancias el Estado provincial en una compra fraudulenta o corrupta. Allí, afirmó que el proceso se inició en el mes de febrero con una proyección inflacionaria trimestral al 50% a mitad de año, y aseguró que con la "volatilidad económica" del país, la Provincia tomó recaudos para no pagar de más.
"La situación que se dio ahora es inversa. Estamos en un país con una lógica financiera inestable e ilógica. Los autos han bajado su precio y tenemos dos alternativas. O mejorar la oferta, o hacer lo que hicimos que fue hacer una nueva subasta y darle de baja", aseveró el funcionario.
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Tras explicar el proceso formal, el ministro indicó que tras corroborar el expediente, se corroboró que el precio de los automóviles estaba desfasado. "El proceso fue absolutamente transparente. La subasta electrónica no permite que no haya transparencia. Cualquier proveedor la puede ir siguiendo online. Acá las empresas adjudicatarias son de mucho prestigio", indicó. Al cerrar su alocución sobre la denuncia, dijo que "Plantear una duda de sobreprecio es imprudente e inapropiado".
