El 28 de febrero de 1974 marcó un hito oscuro en la historia de Córdoba con el Navarrazo. En ese día, el jefe de policía de la provincia, Antonio Navarro, destituyó al gobernador Obregón Cano y su vice Atilio López, instaurando un estado de sitio respaldado por la policía y grupos armados civiles, bajo la excusa de una “depuración ideológica” del peronismo.
Este golpe, conocido como Navarrazo, tuvo como telón de fondo una serie de tensiones políticas y sociales. La vuelta de Perón al país desató una ofensiva de la derecha peronista contra sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria, buscando desalojar del poder a gobernadores vinculados a esa corriente. En este contexto, Córdoba se convirtió en un foco de conflicto, con acusaciones de “infiltraciones marxistas” y presiones para romper el Pacto Social.
El levantamiento se gestó en medio de provocaciones patronales y reuniones clandestinas. El 27 de febrero, Navarro es separado de su cargo, desencadenando una revuelta policial que culminó con la toma de la Casa de Gobierno y múltiples detenciones. Durante días, la ciudad quedó paralizada por la acción de grupos paramilitares, respaldados por el gobierno nacional y sectores empresariales, mientras el movimiento obrero se mostraba impotente frente al golpe.
El Navarrazo buscaba consolidar el control sobre el movimiento obrero, utilizar el Estado contra la clase trabajadora y acabar con los sectores de vanguardia que desafiaban el Pacto Social. Sin embargo, la falta de una respuesta masiva se atribuye a la confianza en Perón por parte de amplios sectores, así como a las limitaciones de la izquierda peronista para enfrentar el proceso.
A pesar de su impacto en la historia cordobesa, el Navarrazo dejó lecciones importantes. Reveló la fragilidad de la resistencia ante el poder establecido y la necesidad de una unidad firme en la defensa de los derechos laborales y populares.
Los protagonistas de esta historia:
Ricardo Obregón Cano, un destacado dirigente peronista, había sido elegido gobernador de la provincia en 1973. Sin embargo, su posible alineamiento con “La Tendencia” revolucionaria peronista provocó denuncias y enfrentamientos que culminaron con su renuncia. Exiliado en México durante la dictadura militar, Obregón Cano mantuvo su compromiso político y fue miembro de la conducción nacional del Movimiento Peronista Montoneros. A su regreso a Argentina, fue juzgado y detenido por su participación en el movimiento, aunque posteriormente fue indultado.
Atilio López, dirigente de la Unión Tranviarios Automotor, también desempeñó un papel importante en aquel periodo marcado por la violencia política. Tras renunciar a la vicegobernación, López expresó su desilusión y regresó a sus actividades sindicales. Sin embargo, su vida fue truncada por la violencia de la Triple A, que lo asesinó en septiembre de 1974.
Antonio Domingo Navarro, cuyo apellido quedó asociado al Navarrazo, enfrentó procesos judiciales por sedición y otros delitos tras renunciar a la jefatura de policía. Su posterior indulto y regreso a la actividad privada marcaron el final de su participación en la escena política.
Mario Dante Agodino, diputado provincial en 1973, ocupó la presidencia del cuerpo en un momento crucial para la provincia. Sin embargo, su mandato fue interrumpido por su inesperado fallecimiento en mayo de 1974.
