Cinco mujeres fueron detenidas el 21 y 23 de diciembre pasados acusadas de ejercer la medicina de forma ilegal tras denuncias que señalaban que brindaban información y acompañaban a personas que buscaban interrumpir sus embarazos. Una de ellas ya había sido liberada, mientras que las otras cuatro recuperaron su libertad este lunes.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a más de 40 diversas organizaciones sociales y feministas, presentaron una nota ante el Juzgado de Control de Villa María en la cual manifestaron su preocupación por la detención prolongada de las socorristas y solicitaron que se revise de forma inmediata su detención “a la luz de las normas procesales y estándares internacionales”.
La investigación sobre las mujeres comenzó a mediados de noviembre cuando la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María recibió información sobre un grupo de mujeres que realizarían abortos clandestinos en esa ciudad. Mediante sus redes sociales, la agrupación Socorristas en Red denunció que las detenciones significan una “ofensiva judicial busca criminalizar injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar”.
Por su parte, la ministra Ayelén Mazzina expresó en el comunicado que el delito por el que se las detiene es “excarcelable en su pena máxima” y que por tanto no deberían ser objeto de prisión preventiva o privación alguna de la libertad mientras dure la investigación.
“No existe ningún indicio que haga suponer que las imputadas podrían entorpecer investigación alguna. Pero además, según trascendió públicamente, hubieron numerosos allanamientos, secuestro de objetos y documentación que se desarrollaron con total normalidad, lo que demuestra no solo la innecesariedad de la detención sino lo inútil de su sostenimiento”, habían dicho.
