El juez federal en la seguridad social Ezequiel Pérez Nami autorizó a Cristina Kirchner a cobrar dos jubilaciones de privilegio: la propia, como expresidenta de la Nación, y la pensión correspondiente a su fallecido esposo. En declaraciones a Canal C, Moncana dijo que “Todos los presidentes y expresidentes tienen una ley específica que les permite al finalizar su mandato, solicitar esta asignación honorifica, esta ley le da la posibilidad a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia más la formula presidencial obtener esta asignación específica”.
Sin omitir antigüedad, compensación jerárquica, exención del impuesto a las ganancias y un adicional por zona austral que asciende al poco despreciable 40%. No quedó nada en el tintero del magistrado que pudiera irritar a la demandante. Mientras el escandaloso fallo de Pérez Nami le permitiría cobrar cerca de $2 millones por mes y otros $100 millones como retroactivo, en la misma fecha, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del cálculo de los aumentos jubilatorios, cuyo efecto real será la licuación de los ingresos de 6,9 millones de jubilados y pensionados.
Se calcula que en 2020 el Estado se ahorró unos $100.000 millones con la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta un año atrás. Ante el sombrío panorama que se cierne sobre la economía por la falta de una política antiinflacionaria, la nueva fórmula de ajuste, basada en aumentos salariales y recaudación previsional, es una forma de ajuste fiscal en un sistema desbordado por el desequilibrio entre aportantes y beneficiarios. Esta situación fue provocada por la incorporación de 3,6 millones de jubilados sin aportes, como medida populista llevada a cabo, precisamente, por quienes ahora intentan dar “sustentabilidad” a un sistema que está enfermo en su estructura.
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