Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que en 2022 la tasa de pobreza llegó al 43,1%, afectando a 17 millones de personas; mientras que la tasa de indigencia se sitúa en el 8,1%. El trabajo remarca que la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década.
La UCA puso de relieve que la actual asistencia social que es dispensada por los tres niveles del Estado impide que la pobreza llegue al 50% y que la tasa de indigencia alcance el 20%. El relevamiento además muestra que el segmento de pobres se alimentó por sectores de clases de trabajadores de sectores medios y populares.
Al respecto, señaló que si la tasa de inflación descendiera a un dígito, la tasa de pobreza podría caer entre 10 y 15 puntos. El 40% de los hogares en los que habita el 50% de la población ha recibido algún tipo de asistencia oficial o programa complementario. La UCA aclaró que “ni las políticas de liberalización económica, ni de asistencia social son suficientes para promover un modelo de desarrollo equilibrado”,
“La tendencia general muestra que en 2022 los hogares y la población de la Argentina urbana no experimentaron mejoras significativas en el acceso al bienestar respecto a 2010. Esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, indicó el trabajo.
La UCA sostuvo que “no es el aumento de los precios, sino la no creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, lo que genera desequilibrios”. Asimismo, señaló que “la composición de la población económicamente activa durante el período 2010-2022, es evidente que no sólo el sistema productivo es altamente heterogéneo, sino la también la estructura social del trabajo”.
“La participación de la suma del desempleo y las subocupaciones inestables vienen subiendo casi ininterrumpidamente, alcanzado este año al 32% de la población económicamente activa”, añadió. Frente a este contexto, remarcó que, si “se suman los trabajos regulares pero precarizados (28%), la suma de los problemas de empleo alcanza al 60% de la fuerza de trabajo, equivalente a 12 millones de trabajadores”.
A partir de este escenario se concluye que “sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado”. Para la UCA “esta fuerte segmentación laboral se vincula estrechamente con la pobreza crónica y su aumento a lo largo de más de una década”.
El informe señaló que “en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra. Si bien debido a la inflación crece el fenómeno de los trabajadores pobres de manera generaliza a partir de 2018, en los sectores micro informales y de la economía social, su empobrecimiento es previo y se inicia en 2012”.
El trabajo recalcó que, a partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-19 (más del 31% si se considera a los cesanteados), la pobreza de trabajadores se instaló en un nuevo nivel estructural: 29,8%. “Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales”, concluyó.
Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA)
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