El ex director de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia de Córdoba Julio Faría, en una entrevista radial, aseguró que las estadísticas dan cuenta de que “Dentro del cupo policial que maneja armas, el 40% al 50% no está en condiciones de portarlas por falta de insumos y de predios para hacer prácticas de tiros”.
Las declaraciones del ex funcionario se dan en el marco de una crisis institucional, con resonantes denuncias por su accionar en casos de gatillo fácil y violencia institucional. De hecho Faria fue destituido tras el crimen de Jonathan Romo. Ahora se suma el estremecedor caso de la mujer policía que mató a su hijo de diez años, hirió a su otra hija e intento suicidarse.
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La condición psiquiátrica de la mujer quedó en el centro del debate público, cuando su ex pareja dijo públicamente que la mujer había estado internada y cuestionó que las autoridades de la fuerza no hayan tomado nota de eso y le devolvieran la portación de arma. Desde la Policía manifestaron no contar con registros de lo denunciado por el hombre.
Según explicó Farías, un Policía que ingresa está sujeto a un control médico y otro psiquiátrico, pero afirmó que dichas pruebas no pasan de “llenar una declaración jurada muy básica donde uno da fe de la situación en la que se encuentra, lo entrevista un psicólogo y puede ingresar a los institutos policiales”.
Y agregó que aún en casos de antecedentes psiquiátricos o problemas mentales, como habría ocurrido en el caso reciente, esto “no sería un impedimento” para integrar la Fuerza. Además remarcó un incumplimiento legal: “Hoy los efectivos no tienen una libreta de tiro como dicta la ley, en Córdoba el examen es cada cuatro años”.
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