Reclaman contratos ilegítimos del servicio de seguridad del country La Cercanía

Romina Cortés, representante de la Secretaría de la Mujer de S.U.V.I.C.O, dijo que los vecinos "saben" que la nueva cooperativa tiene trabajadores "en negro", y no descartan hacer demandas.
Romina Cortés, representante de la Secretaría de la Mujer de S.U.V.I.C.O, dijo que los vecinos "saben" que la nueva cooperativa tiene trabajadores "en negro", y no descartan hacer demandas.

Vecinos del barrio privado La Cercanía (Mendiolaza) contrataron de forma individualizada una nueva cooperativa de seguridad para el complejo, y desde S.U.V.I.C.O (Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba) denunciaron la situación por considerar que va en contra de su convenio colectivo de trabajo y de la ley.

En diálogo con Canal C y desde la entrada del country, la representante de la Secretaría de la Mujer del gremio, Romina Cortés, indicó que “venimos a reclamar, a luchar porque la gente que vive acá avaló la contratación de una cooperativa de seguridad. Sacaron una empresa de seguridad, como dice la ley y nuestro convenio colectivo de trabajo, que anteriormente prestaba servicio”.

Cortés indicó que la cooperativa mantiene a sus trabajadoresen negro y sin recibo de sueldo. Los hacen pagar un monotributo, porque hasta eso hacen; ellos lo permiten. Los que viven acá saben de esto”, señaló la secretaria. “Estamos con todas estas mujeres, algunas hasta con sus hijos acompañando, porque estamos cansados de que en nuestra casa no haya un plato de comida para nuestra familia”, dijo.

Reclaman contratos ilegítimos del servicio de seguridad del country La Cercanía • Canal C

En un comunicado difundido por el sindicato habían anticipado la medida de fuerza en la entrada del barrio La Cercanía, señalando que la medida de los vecinos es “una vergüenza”: “Esto es trabajo en negro encubierto. Por tal motivo declaramos el estado de alerta y movilización en los servicios en donde exista una cooperativa de seguridad”.

Y continúan: “No descartamos demandar a cada vecino, a cada contratante y denunciarlos frente a los organismos, AFIP, Ministerio de Seguridad y gerencia de prestadores”.

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