El presidente, Javier Milei, anunció el pasado miércoles por la noche la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía, derogando más de 300 leyes, incluida la Ley de Tierras. Este paquete normativo busca eliminar restricciones, y entre las afectadas está la legislación que limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros, argumentando la defensa de la soberanía nacional.
La Ley de Tierras, promulgada en diciembre de 2011, tenía como objetivo controlar la apropiación desmedida de tierras de dominio nacional por parte de extranjeros. Por este motivo, bajo esta normativa, se establecieron límites, como que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las tierras del país, provincia o municipio, y se fijó un máximo de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo. La derogación de esta legislación permitiría la comercialización irrestricta de estos dominios, dejando sin control la extranjerización de la tierra.
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Bajo la Ley de Tierras se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para supervisar la posesión de terrenos, pero la modificación de la normativa por el expresidente Macri en 2016 levantó regulaciones de información al respecto. Además, se eliminaron condiciones importantes, como la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en caso de reorganización societaria, permitiendo la transferencia de acciones a extranjeros sin informar al Registro Nacional.
La nueva era liberal propuesta por Milei sigue la línea de flexibilización de regulaciones iniciada por Macri. Esta nueva medida ha generado preocupación en algunos sectores sobre la posible pérdida de control estatal y sobre la preservación de recursos naturales estratégicos.
