En total hay 18 provincias que reclaman por un “verdadero federalismo”. Después de dar por solucionada la paritaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las provincias reclaman no solo la falta de solución a la al conflicto del transporte en el interior, sino que también, se acusa del incumplimiento con el pago del fondo compensador que prevé la Ley de Presupuesto. La COFETRA reclama principalmente “una resolución que disponga la distribución de la totalidad de los fondos presupuestados por el Congreso “
Cabe recalcar que en las provincias no se respetó la coalición obligatoria y ciudades tales como la ciudad de Santa Fé, Rosario, Corrientes, Bahía Blanca y demás no pudieron solucionar el conflicto paritario. A diferencia de Córdoba, que sí disponía de los fondos para cubrir los sueldos. sin embargo, el servicio de transporte tardó en regresar.
A través de un comunicado, el secretario de la Provincia y presidente de COFETRA, Franco Mogetta manifestó:“es realmente agravante para el federalismo de nuestro país la postura que adopta el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Transporte y de Trabajo”.
Los funcionarios remarcan la participación activa que cumplió el gobierno nacional en Buenos Aires mientras que en el interior “no solo que no asisten a las audiencias (expresando una clara discriminación) sino que ya ni siquiera cumplen con los recursos presupuestados por Ley del Congreso de la Nación”.
“Ya con fecha 24 de mayo, las provincias que integramos el COFETRA advertimos al Ministro de Transporte de la Nación que la situación era de gravedad ante la falta de respuesta y de certezas en la distribución de los subsidios para los meses de mayo en adelante, teniendo en cuenta que la resolución que dispuso la distribución de fondos tenía vigencia hasta abril inclusive”, agrega el comunicado.
“Lo real y cierto es que la Ley de Presupuesto dispuso un monto de 85.000 millones de pesos para todo el año, pero de manera discrecional y sin fundamento alguno la autoridad nacional dispone distribuir estas sumas por resoluciones que tienen una vigencia de cuatro meses y a veces menos también, obligándonos a las provincias a vivir en la incertidumbre”, sigue la misiva.
