Las instituciones prestadoras del área de discapacidad de Córdoba denunciaron una “inminente” suspensión de prestaciones debido a la crisis inflacionaria y a la “falta de respuestas acordes” por parte de los gobiernos nacional y provincial.
“La dimensión de la crisis nos empuja velozmente hacia el cierre de servicios”, manifestaron y expusieron la pérdida adquisitiva constante que experimentan a través de un cuadro que compara el aumento de los aranceles nacionales frente al crecimiento inflacionario año por año desde 2017.
La problemática se agrava a nivel provincial, donde Apross paga menos que la regulación nacional, descompensando aún más la ecuación financiera. Esta crisis repercute directamente en el acceso a tratamientos para las personas con discapacidad, privándolas de un derecho respaldado por la ley y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger, explicó en Radio Nacional Informa que “vivimos esta situación desde hace seis años porque los aranceles establecidos por el Estado están muy por debajo de la inflación”. “Durante el 2023 la diferencia entre la distancia entre aranceles y la inflación fue de un cien por ciento mientras la inflación aumentó un 220%. Con estos números es imposible cumplir con las obligaciones”, aseveró Galíndez y subrayó que los pagos impactan a los 90 días.
Galíndez destacó que, ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales y nacionales, las instituciones se financian mayormente a través de lo que pagan las obras sociales, prepagas y Apross. Sin embargo, la falta de actualización en los aranceles y los retrasos en los pagos generan una cesación de pagos, enfrentando multas de AFIP y afectando la calidad de los servicios brindados.
Esta situación no sólo afecta a los trabajadores del sector sino que impacta directamente en las 200 mil personas con discapacidad se ven afectadas directamente por discontinuar sus tratamientos. Por ejemplo, la suba del 100 por ciento del valor de la nafta en el último mes impactó de lleno en los transportistas que ya no logran cubrir los costos; situación que se extiende a otros profesionales independientes y centros de rehabilitación, “si las instituciones cierran las personas se quedan sin tratamientos, que es su derecho”.
