A partir de la sanción de la nueva Ley de Alquileres en julio del año pasado, la actualización anual del precio del alquiler se realiza por Índice para Contratos de Locación (ICL), que establece un porcentaje a partir de la variación de la inflación y el aumento de salarios por partes iguales.
De esta manera, los contratos que se firmaron en septiembre de 2020, se empiezan a actualizar de acuerdo a lo que arroje ese índice. Para realizar el cálculo, debe tomarse el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor de dicho índice a la fecha de inicio del contrato y luego multiplicarlo por el índice de la fecha donde se debe aplicar la actualización anual. En la página del Banco Central de la República Argentina se publica diariamente ese valor.
La aplicación de la nueva ley de Alquileres en Argentina, genera voces a favor y en contra. Así, mientras desde las entidades que representan a los inquilinos en Córdoba señalan que el porcentaje de actualización es menor que lo que representaba con la antigua normativa, aún con alta inflación.
Señalan que con, la ley anterior, un contrato que se iniciaba en $ 30.000 y se le aplicaban en dos años un total de cuatro aumentos semestrales de 15%, pasaba a costar $ 34.500 en la primera actualización, en la segunda actualización subía a $ 39.675, el segundo año en la tercera actualización semestral se incrementaba hasta $ 45.626 y llegaba a la renovación con un incremento total de 60% hasta $ 73.001. En cambio, con la nueva Ley de Alquileres se aplica una actualización anual, que para un precio inicial de $ 30.000 con el incremento que establece el ICL aumenta el primer año un 40% a $ 42.000 y en una segunda actualización de 40% llega a $ 58.800.
Por otra parte, antes de las modificación que introdujo la ley para ingresar a un alquiler se exigía al inquilino dos meses de depósito y hoy sólo se puede cobrar el equivalente a un mes por los tres años, que se devuelve actualizado al final del contrato. Mientras tanto, desde el sector que agrupa a las inmobiliarias señalan que la nueva ley deja disconformes tanto a propietarios como a inquilinos. En abril, corredores inmobiliarios impulsaron el ingreso a la Cámara baja de un proyecto que propone volver al plazo de 2 años en los contratos y desindexar los aumentos, derogar el índice del Banco Central y que el aumento se haga por acuerdo de partes, como se hacía antes.
Argumentan que la modificación “haría que vuelvan muchísimas propiedades al mercado” y aseguraron que desde que rige la normativa “40% de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta”.
