La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron el proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo “son constitucionales”. Ocurrió durante el debate iniciado hoy en el Senado.
En la apertura de las exposiciones, la ministra Vizzotti ratificó que “se ha visto una disminución” del crecimiento de casos de Covid en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones.
“Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud”, explicó.
El jefe de Senadores del Frente de Todos, José Mayans, adelantó durante un plenario de comisiones del Senado que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.
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Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos” en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.
La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso “con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven”.
“No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen”, explicó, pero aclaró que “todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo”.
Ibarra aclaró que “no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional” y sostuvo que “la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica”.
Respecto a las clases presenciales, aclaró que “todos” desean “tener clases presenciales” pero que “para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma”.
Añadió que todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, “van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia”.
“Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se”, recalcó, y ratificó que se trata de “medidas constitucionales”.
