En distintos countries y barrios privados de Córdoba se llevan a cabo estrictos controles de seguridad para aquellos que desean ingresar, los cuales implican desde la presentación del DNI hasta la inspección del baúl de los guardias de seguridad.
El secretario general del Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad de Córdoba, Gustavo Pedrocca, aseguró que es “una forma de prevenir robos” y justificó el accionar con el marco de la ley provincial Nº 10.571. “Nosotros podemos hacer estos controles porque tenemos una ley en Córdoba que, además de detallar las actividades de servicio por parte de los prestadores de seguridad privada, regula el hecho para poder brindar colaboración con la Policía”, indicó en declaraciones radiales.
“Por eso se pide DNI para generar una mayor seguridad en los countries. A veces las medidas parecen absurdas, pero hemos detectado en los baúles de los autos gente que entraba y salía de los countries sin autorización. O incluso en la época de la pandemia metían de ese modo parlantes y alcohol por las fiestas clandestinas. De esta forma también han ingresado delincuentes”, detalló. “Todas estas medidas se realizan para brindar seguridad no solo a quienes ingresan, sino también a los que viven adentro del barrio privado porque se trata en su gran mayoría de una población muy grande. Están muy vulnerables los vecinos”, cerró en la entrevista radial a Cadena 3.
Por su parte, el abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Brügge aclaró en Palabras Cruzadas que sólo la Policía, y por orden judicial puede abrir los baúles, a visitantes y empleados del servicio doméstico y de la construcción. Explicó que el ciudadano puede realizar una denuncia correspondiente en caso que sus derechos hayan sido vulnerados por una “exclusión discriminatoria”.
Brügge reveló, además, que hay barrios cerrados en donde no autorizan que los empleados circulen libremente por las calles. “La Constitución Nacional rige adentro y afuera de los countries; las personas tienen derecho a la libre circulación. No puede haber ningún impedimento en el ejercicio de transitar libremente por parte del ciudadano”.
El abogado detalló que en el artículo 6 bis de la ordenanza municipal de Córdoba Nº 8.606 se rechaza de manera expresa toda práctica de exclusión discriminatoria y la revisión de las pertenencias personales, tanto de carteras como baúles. Por último, remarcó que dichas prácticas están penadas por el artículo 209 del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba con multas que pueden ser 289 mil pesos hasta 2.896.000 pesos.
“Una cosa es el registro de ingresantes y el motivo del mismo, pero otra situación es la requisa de pertenencias personales. La ley 10.571 indica que actúa en definitiva es la Policía cuando existan indicios de una comisión de delitos”, cerró.
Entrevista completa a Juan Brugge en Palabras Cruzadas a continuación:
