Este jueves el presidente Alberto Fernández resolvió oficializar la intervención de la obra social del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba por seis meses, luego de que la justicia federal se lo solicitara al Ministerio de Salud de la Nación.
El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial lleva las firmas del primer mandatario, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García.
La medida fue requerida por juez federal N ° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, en el marco de la investigación que lleva adelante por presunta defraudación y que tiene como protagonistas, entre otros, a los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Se los acusa de administración fraudulenta.
En la causa Jorge Antonio Remigio fue designado como interventor y deberá elevar un informe mensual a la a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado del ámbito del Ministerio de Salud. En el documento deberá detallar la situación institucional y administrativa de la obra social de los recolectores de residuos, en vistas a la normalización de la mutual.
