Ignacio Martín es el joven que, durante la peor parte de la pandemia por coronavirus, se hizo pasar por médico y fue contratado por el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) de Río Cuarto para desempeñar tareas relacionadas a la asistencia de la población. Cuando se descubrió que nunca había cursado y peor aún, que no estaba recibido de ninguna carrera relacionada a la medicina, se generó un escándalo que puso en tela de juicio el proceso de selección de la Provincia respecto a sus colaboradores.
Lo novedoso es que se determinó que a partir del 24 de julio en la Cámara del Crimen Número 1 de Río Cuarto, integrada por los jueces Natacha García, Daniel Vaudagna y Nicolás Rins, se le dará inicio al juicio contra Martín (que al momento de los delitos tenía 19 años, y no 24 como había declarado). En el caso actuará la fiscal María del Rosario Fernández López.
El joven quedó en prisión preventiva y permanece en ese estado desde el 2021, imputado por siete delitos: usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina y uso de documento privado falso, defraudación calificada y falsedad ideológica, homicidio con dolo eventual, lesiones graves por dolo eventual y defraudación calificada en grado de tentativa. Bajo su supervisión falleció un hombre de 29 años, quien estaba siendo asistido tras una complicación de salud.
Sin embargo, ningún funcionario público fue imputado ni responsabilizado por poner a un inexperto a cargo de la salud de la población. Al respecto, la investigación arrojó que el joven estafador “actuó solo, de manera planificada, aprovechándose de la situación generada por la emergencia sanitaria por Covid-19“, sin el respaldo de funcionarios municipales o provinciales, según señaló en su momento el fiscal Daniel Miralles.
El juicio será sin jurados populares. Según recordó el titular de la oficina de jueces legos, Gonzalo Romero, la ley 9182 establece que sólo algunos delitos deben ser obligatoriamente juzgados con jurados populares, como ser los homicidios calificados o agravados y los delitos del fuero penal económico y anticorrupción, los relacionados con la función pública. En este caso, Martín nunca llegó a ser funcionario, aunque aspiraba a serlo con títulos falsos.
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