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Elevan a juicio la causa contra el intendente de Pilar por administración fraudulenta

La resolución de la jueza de Control también incluye a funcionarios del municipio y concejales.

La jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María Licia Tulián, dispuso la elevación a juicio de la causa penal iniciada contra el intendente de Pilar, Diego Alejandro Bechis, por defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad.

Según la acusación, habría participado en una maniobra destinada a vender los derechos posesorios que el municipio ejercía sobre una gran porción de la costanera del río Xanaes al entonces director de Deporte y Juventud del municipio, Pablo Iván Ghío (también imputado), a través de una tercera persona, Carlos Eugenio Milich, que era insolvente para el emprendimiento que supuestamente afrontaba. De acuerdo con la pericia oficial, el valor de los terrenos -que abarcan una superficie de diez hectáreas- supera los 50 millones de pesos.

La resolución dispone el enjuiciamiento de Ghío como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada y del asesor de la municipalidad Cristian Julio Moyano como supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada.

Asimismo, la jueza Tulián dispuso elevar la causa a juicio en relación con los concejales Pedro Pablo Botta, Ana Marina Canalis, Rodolfo Rodríguez Zamudio y Carla Inaudi Villegas como partícipes necesarios de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad. La resolución se completa con la elevación a juicio del jefe de gabinete del municipio (secretario de gobierno en ejercicio) Carlos Martín Biagiola también como partícipe necesario de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad.

La magistrada consideró que la investigación penal realizada por la fiscal de instrucción Patricia Baulies se encontraba concluida y que la prueba incorporada permitía arribar al grado de probabilidad requerido para sostener que los hechos existieron y que los imputados tuvieron participación en ellos. “El requerimiento de elevación a juicio hecho por la titular de la investigación penal luce acertado y suficiente”, concluye la resolución.

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