En últimas horas del jueves trascendió que el avión de la empresa Emtrasur, que meses atrás llegó a Argentina con tripulación venezolana e iraní sospechada de pertenecer a grupos terroristas, fue allanado e incautado. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) requisó la aeronave tras el pedido de la Justicia de Estados Unidos. Luego, el juez federal Federico Villena avaló el pedido de incautación del avión por orden estadounidense.
El Tribunal para el Distrito de Columbia fue quien solicitó la incautación porque, según consideran, “el avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air”.
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Según informó el medio TN, en el comunicado del Departamento de Justicia se detalla que la orden del Tribunal de Columbia se emitió el 19 de julio. No es el primer pedido de Estados Unidos. Días atrás se conoció una carta donde senadores republicanos le pedían al fiscal general de aquel país, Merrick B. Garland, que “responda y ayude a la Argentina”.
El Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia esgrime que desde 2008 el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió “una orden de denegación que prohíbe a Mahan Air participar en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de Estados Unidos”.
Las autoridades norteamericanas explican que el avión fue fabricado en territorio estadounidense y por eso debería haber existido una autorización por parte de Estados Unidos para concretar la transferencia de “custodia y el control” del Boeing 747-300M de Mahan Air a Conviasa, la línea de bandera venezolana dueña de Emtrasur, el brazo de cargas.
Por su parte, los 19 tripulantes que abordaban el avión continúan en suelo argentino. Villena había autorizado la salida de once venezolanos y un iraní, pero la medida fue apelada por la fiscal y por el abogado de los tripulantes. Ahora la Cámara Federal de La Plata, debe evaluar las apelaciones de la fiscal Incardona y del abogado defensor de los tripulantes Hernán Carluccio. La definición podría demorar varias semanas.
Con información de TN e Infobae
