Este lunes, la Cámara de Casación reabrió el caso Hotesur-Los Sauces y ordenó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a su hijo, Máximo Kirchner, sean investigados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que Florencia Kirchner no será juzgada por esta causa. Por otro lado, el tribunal penal anuló el sobreseimiento de la causa por el memorándum con Irán, por lo que Fernández de Kirchner, junto a otros funcionarios del Oficialismo, irán a juicio oral.
La decisión de apartar a los jueces del tribunal oral, Daniel Obligado y Adrián Grünberg fue tomada por los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). Obligado y Grünberg sobreseyeron a la ex-mandataria en la causa hotelera. Según ellos, no hubo lavado de activos debido a que cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual.
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Sin embargo, Adriana Palliotti no fue apartada y se mantendrá en la causa. A diferencia de sus colegas, la jueza votó por rechazar los pedidos de sobreseimiento y sostuvo que los planteos deben analizarse en un juicio oral junto con toda la prueba del caso. En noviembre de 2021, un fallo del Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a la vicepresidenta y a sus hijos. En aquel momento, se sostuvo que no había existido delito. Por lo tanto, no hacía falta realizar el juicio.
El fallo fue apelado por el fiscal Diego Velasco. “Los fundamentos del Tribunal son aparentes, advirtiéndose una inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad, menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad”, había sostenido Velasco en su apelación.
En esta causa se busca determinar si la vicepresidenta había recibido dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios. Báez ya fue condenado por la causa vialidad mientras que López fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles. Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), entre otros.
Al respecto, el analista político Gabriel Puricelli brindó su visión en diálogo con Bien Directo Federal, donde sostuvo que “es extraño que se siga discutiendo en sede judicial una cuestión que por su naturaleza es plenamente política, es decir, es no judiciable, y donde se investigan potenciales responsabilidades de individuos cuando fue una decisión en su momento tomada por el Estado argentino”:
