El crimen de Gabriela Pérez, la trabajadora de 24 años, que fue alcanzada por una bala durante un acto del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en el Club Yapeyú reavivo la eterna disputa entre este gremio y el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).
Y es que tras el lamentable hecho Sergio Fittipaldi, secretario general de Soelsac, está convencido de que se trato de un atentado en su contra orquestado por su rival Franco Saillen, dirigente del Surrbac, a quien denunció anteriormente por amenazas. Al respecto, Fittipaldi solicitó junto a su abogado Alexis Komman desarchivar e investigar dichas acusaciones.
En medio de la polémica, ediles de la oposición del Concejo Deliberante de Córdoba solicitaron al intendente Martín Llayora que se investigue a Soelsac. El documento formal hace hincapie en: la relación contractual del sindicado con la Municipalidad, la metodología de contratación de la empresa, las denuncias previas entre Soelsac y Surrbac, los vínculos de Fittipaldi y Saillen con el municipio y la participación del gobierno en la causa por la muerte de Pérez.
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