La noticia de los dos policías embestidos por un joven que se resistió a un control, puso en el centro del debate el accionar tanto de efectivos y ciudadanos a la hora de enfrentarse a un operativo. Afortunadamente el efectivo herido se recupera favorablemente y el conductor, identificado como Lautaro Ordóñez fue liberado pero continua imputado e inhabilitado para manejar.
Guillermo Pacharoni, abogado especialista en Seguridad Vial, explicó: “A raíz de los sucedido con Blas Correas hemos quedado muy susceptibles respecto al accionar policial, que en ese caso si fue excesivo y delictivo, lo que no significa que yo como ciudadano no puedo enajenarme y decidir cuando voy a acatar la orden policial y cuando no”.
Y agregó: “En la medida que el procedimiento sea legal, racional y esté dentro de las facultades del agente, como ser detenerme y obligarme a que descienda del vehículo, yo tengo que acatar esa orden por que no es facultativo del ciudadano. La policía tiene y debe tener el poder para controlar a los ciudadanos. No fue pero se podría haber tratado de un grupo delictivo”.
Pese a la norma, el letrado cuestionó el accionar de los efectivos a la hora de detenerlos y del grupo de amigos que viajaban en el auto. “Bajo ningún concepto el policía obro bien en el hecho de tirarse arriba del capó y exponer su propia vida. Eso es reprochable. La actitud del chico es temeraria y podría haber ocasionado una muerte. No son jóvenes son adultos penalmente responsables”.
Respecto a la decisión de quitarle el carnet de conducir a Lautaro Ordóñez, el doctor, sostuvo: “No me gusta cuando el director la Agencia de Seguridad Vial o cualquier funcionario o represente legal del estado se considera por encima de la ley y cual dictador le quita el carnet a alguien sin darle el derecho de defensa para que el proceso sea legal”.
En cuanto a la escueta sanción del acusado indicó: “Toda detención que se hace previo a la sentencia es de carácter preventivo entonces puede estar 24, 48 horas o un mes dependiendo del fiscal, las circunstancias del caso, en la medida que pueda haber riesgo de que entorpezca el procedimiento o se fugue. Nos guste o no ninguna persona debe estar presa hasta que no este la sentencia firme.”
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