Este martes el doloroso capitulo de la dictadura militar en nuestro país suma un hecho más. Este, a pesar de los años transcurridos y de las ausencias punzantes siempre latente de los desaparecidos, parece, de cierta manera, sumar un pequeño triunfo silencioso más, el cual tiende a inclinar la balanza para el lado de la Memoria y la Justicia. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba condenó a los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo de Ejército Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro (75), Carlos Enrique Villanueva (73) y Carlos Alberto Díaz (76) a la pena de 24 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante agosto de 1979 en el centro de detención clandestino “casa de Guiñazú”.
Este suceso es especialmente importante en un provincia como Córdoba, la cual lejos de gozar de la mirada central de Buenos Aires, también reafirma su historia, sus dolores y sus libertades.
Los tres represores afrontaron los cargos por “privación ilegítima de la libertad agravada“, “imposición de tormentos agravados” e “imposición de tormentos agravados seguidos de muerte“.
Según la reconstrucción de los hechos del ministerio publico fiscal, todo comenzó un 12 de agosto de 1979 cuando Palazzesi y García Vieyra fueron reducidos, vendados y atados de pies y manos por un grupo de civiles armados, entre los que se identificó a Villanueva y Díaz. Los dos detenidos fueron trasladados hasta una casa-quinta ubicada en Guiñazú, utilizada como “casa operativa” para la detención clandestina de personas. Diez días después, Cavigliasso, cuñado de Palazzesi y delegado gremial, fue privado ilegítimamente de la libertad por personal no identificado y trasladado a la misma casa quinta.
La fiscalía sostuvo que, durante el tiempo que estuvieron en esta situación, los tres acusados, entre otras personas, sometieron a las víctimas a permanentes torturas físicas y psíquicas, con el fin de menoscabar su resistencia moral y obtener la mayor cantidad posible de información sobre sus actividades políticas, gremiales o de sus organizaciones. Las torturas consistieron en mantenerlas colgadas de las ataduras de sus manos a ganchos en el techo y someterlas a golpes de puño y pies con elementos contundentes y a simulacros de fusilamiento.
Aproximadamente el 25 de agosto de ese año, arribaron al lugar dos represores procedentes de Buenos Aires, presuntamente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quienes con el mismo propósito sometieron a Palazzesi a fuertes y repetidos golpes. Ello, sumado al deteriorado del estado de su salud que presentaba la víctima como consecuencia de las torturas de los días previos, provocaron su muerte ese mismo día. Para encubrir las causas del deceso, se emitió un comunicado oficial donde se informó que el fallecimiento de Palazzesi había ocurrido en un intento de fuga mientras era trasladado hacia Buenos Aires, oportunidad en que el vehículo se había incendiado. Su cuerpo carbonizado y sin sus extremidades fue entregado a sus familiares en el Hospital Militar Campo de Mayo.
García Vieyra y Cavigliasso fueron trasladados a la Dirección de Inteligencia de Córdoba, y posteriormente trasladados y alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria N° 1 de esa provincia. Allí permanecieron hasta el 16 de septiembre de 1980 el primero, cuando recuperó la libertad, y hasta el 5 de Febrero de 1981, el segundo, fecha en la que fue trasladado a otras a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal.
Durante el juicio se vivieron jornadas estremecedoras donde se escucharon los testimonio en calidad de testigos de Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi; Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti y compañera de militancia de Palazzesi; y Marcelo Ardeti, hijo de la mujer y de Enrique.
El veredicto se conoció en la siesta de esta martes luego de varias audiencias que los acusados siguieron desde sus casas, donde cumplen prisiones domiciliarias tras anteriores condenas.
Barreiro es particularmente conocido en Córdoba por que fue uno de los encargados de desplegar su más sanguinario accionar en el centro clandestino de detención que funcionó en La Perla, donde fue jefe de torturas, y en 1987 encabezó el acuartelamiento militar en la Guarnición Córdoba que desencadenó la rebelión carapintada de Semana Santa.
