Diversas ciudades de Panamá protagonizan desde hace días masivas protestas en contra de la polémica medida adoptada por el presidente Laurentino Cortizo, quien firmó un contrato que habilita la explotación de cobre por los próximos veinte años. La ley fue firmada el viernes pasado y generó desde entonces que miles de panameños salieran a las calles para exigir la derogación de la medida. La firma se hizo con el gigante minero de origen canadiense, First Quantum Minerals.
Los grupos que se agolpan en las calles de día y de noche están compuestos tanto por ambientalistas como por clérigos, líderes religiosos, profesionales, médicos, pueblos originarios y más. Algunos de los carteles que se levantan rezan leyendas como “Esta patria no se vende”, “Panamá sin minería”, “Esta lucha sigue, cueste lo que cueste” o “Minera no te queremos”.
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En modo de respuesta, las autoridades ordenaron a las fuerzas policiales que respondan con gases lacrimógenos antidisturbios. Los enfrentamientos tuvieron lugar en Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando miles de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede de gobierno.
Quienes están en contra de la ley destacan que fue negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación minera original. Cortizo, quien advirtió el martes que no tolerará actos “vandálicos ni llamados a la anarquía”, defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo anterior.
Pero varios sectores consideran que es “inconstitucional” y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente. “Los impactos van a ser de importancia no solo nacional, sino regional y global” porque hay una “conectividad ecológica entre América del Norte y América del Sur”, aseguró George Hanily, director de la Asociación Nacional de Conservación (ANCON).
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año. En este sentido, el gobierno asegura que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
Con información de France 24 y DW
