Luego de que un grupo de gobernadores se le plantara al Gobierno Nacional y reclamara por el reparto de la coparticipación y por el cese de la extorsión a través del manejo de los fondos públicos, las “Provincias Unidas del Sur” emitieron un comunicado en el que le pidieron respeto a la gestión de Javier Milei y apoyaron la postura de Chubut de negarse a entregar el petróleo y el gas si no le envían los fondos que la Nación le debe.
Tras esto, otros gobernadores de distintos puntos del país se expresaron a favor de estos reclamos, incluido el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
“Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis”, publicó Llaryora.
Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis.@NachoTorresCH @Rolo_Figueroa
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 23, 2024
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En un documento firmado por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) recordaron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.
“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes”, continúa el documento, en donde consideran que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.
El documento concluye afirmando que “si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir”.
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