El Tribunal Oral Federal número 2 le reclamó al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de la causa conocida como “Vialidad”, que ese juzgado lleva adelante. Mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el tribunal le recordó que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, y que nunca tuvo respuesta. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, y el secretario de Cámara, Tomás Cisneros, exigieron la totalidad de las resoluciones del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, “a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015”.
Asimismo, pidieron “la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos”.
Carlos Beraldi, el abogado de CFK, dijo en un comunicado que estas medidas de prueba habían sido solicitadas a la Justicia hace casi un año. Beraldi calificó de “falsa” “la acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez”. Asimismo, el abogado aseguró que CFK “jamás favoreció a las empresas de Báez”. “Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos”, sentenció.
