La inversión pública realizada para atender la salud, la economía y las necesidades sociales desde el inicio de la emergencia sanitaria ya alcanzó a 6 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa más de $ 1,71 billón.
Así surge de datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que relevó las medidas anunciadas para afrontar la crisis desde el 20 de marzo último, y contabilizó un mayor gasto de $752.374 millones, equivalente a 2,7% del PBI.
A eso se añaden las facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado, que sumaron $ 571.774 millones, que representa 2% del PBI. El monto total de los recursos asignados hasta el momento para atender los impactos del coronavirus alcanza a $ 1.710.616.000.000, y representa 5,3% del PBI.
Por un lado se destinaron $ 350.000 millones para créditos al sector privado, de los cuales $ 320.000 millones correspondieron a la línea implementada por el BCRA para capital de trabajo con una tasa anual de 24%; otros $ 25.000 millones de esos mismos préstamos los otorgó el Banco Nación; y otra línea incluyó $ 5.000 millones para financiar la adquisición de equipamiento tecnológico.
El otro gran canal de estímulo en el marco de la cuarentena es el de los créditos a tasa cero, por $ 220.774 millones, para monotributistas y autónomos; al que se sumaron otros $ 1.000 millones de financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno también resolvió otorgar casi $ 7.150 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.
Asimismo, repatrió fondos por unos $ 1.500 millones que tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional para destinarlos a la compra de 70.000 computadoras, para facilitar a los estudiantes el acceso a las tecnologías digitales. Por último, otorgó un subsidio excepcional de $ 500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia, para suplir los ingresos caídos por la emergencia.
