Las notificaciones son “en cumplimiento” de la resolución de ese organismo, que dirige Fernanda Raverta, de la semana pasada, que dispuso que los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que tienen sus jubilaciones concedidas deben ejecutarlas o sus trámites serán revisados y archivados.
La notificación que recibieron es muy breve. “Me dirijo a Usted en mi carácter de Jefe de la Unidad de Trámites Descentralizados (…) a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos (…) la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional”, sostiene. Y advierte que, “de no presentar la documentación requerida en el plazo indicado”, se procederá “al archivo de las actuaciones, previo control de legitimidad de los actuados en las mismas”.
La llegada de esta intimación apuró el debate interno entre los jueces alcanzados por la medida. En los tribunales no saben todavía si la Anses está notificando a todos los que se encuentran en la misma situación o está haciendo emplazamientos selectivos.
Varios de los camaristas de Casación, el máximo tribunal penal, recibieron ya la notificación y algunos tienen decidido iniciar una acción judicial que, de mínima, reclamará que la Anses explique qué significa “control de legitimidad”. Ese punto es clave: qué facultades piensa ejercer el Poder Ejecutivo sobre los trámites jubilatorios de aquellos magistrados y funcionarios que ya tienen sus jubilaciones concedidas, pero que no quieren irse todavía.
En total, los alcanzados por la resolución de la Anses son 222: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino, Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango (secretarios y subsecretarios). Por el momento, no todos fueron notificados.
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