En las últimas horas trascendió que cayó una banda de estafadores que operaban desde la cárcel de Bowuer. Hay 19 detenidos, entre los cuales se identificó a 14 hombres y 5 mujeres, que se estima que en un mes recaudaron 18 millones de pesos mediante el acceso a las cuentas de personas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Desde Télam informaron que fuentes judiciales notificaron 44 allanamientos, que fueron pedidos por el fiscal general adjunto de San Isidro en Buenos Aires, Patricio Ferrari. La investigación duró 6 meses, recopiló 70 hechos cometidos por la banda e incluyó el análisis de 6.000 llamados mensuales que realizaba la banda.
La banda estaba conformada por nueve personas que operaban dentro de la cárcel de Bouwer, quienes realizaban los llamados extorsivos, y otros 10 cómplices fuera del penal que se encargaban de realizar la logística de cobro. Habrían comenzado a operar desde el 26 de marzo. Se está investigando la participación de al menos 30 personas más, que se cree que actuaron de “bancarios”, es decir, prestaron su nombre para realizar las transferencias con el dinero robado.
El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de ANSES y/o de empresas multinacionales. Al convencer a la víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático y les solicitaban que modificaran las claves personales y que se las comunicaran para de esta manera vaciar las cuentas bancarias y solicitarles préstamos personales.
“Un valor promedio de estafa cercano a los 50.000 pesos (teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3.500 hasta los 600.000 pesos aproximadamente) nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos”, describieron los investigadores en uno de los escritos del expediente. La banda operaba en todo el país, pero se conoció el caso tras la denuncia de 70 damnificados en Buenos Aires.
Por otro lado, se condenó a 14 de 16 imputados por estafas virtuales realizadas desde la Cárcel de Cruz del Eje. La orden fue emitida por el juez Juan José Rojas Moresi de la Cámara V del Crimen de Córdoba.
Los internos usaban llamadas telefónicas para engañar a personas de diferentes partes del país, mediante la promesa de recibir un premio que habían ganado y para lo cual pedían el depósito de dinero en una cuenta, para cubrir falsos gastos administrativos, con lo que consumaban la estafa.
Los delincuentes contaban con la complicidad de familiares y allegados en la ciudad de Córdoba, que se encargaban de recolectar el dinero y realizar la logística para completar el delito. Las condenas llegaron hasta los nueve años para los cabecillas de estas bandas delictivas.
