La Justicia de Córdoba condenó a una pena de dos años y seis meses el martes pasado al empleado de la clínica que se negó a atender a Blas Correas luego de haber recibido un disparo por policías en agosto de 2020.
Fernando Casalino es el empleado de la Clínica Aconcagua que se negó a recibir a Blas aquella noche donde el menor de 17 años fue trasladado al Aconcagua por sus amigos para ser atendido por el tiro que recibió en la espalda.
En un juicio abreviado en la Cámara 8 del Crimen de Córdoba el día de ayer, el hombre no se resistió a los hechos y aceptó los cargos en su contra. A su vez, le pidió perdón a la familia de Blas.
La madre de Blas Correas, Soledad Laciar, dijo a los medios que “Él dijo que se equivocó y por qué no creerle, Blas no está y eso no va a cambiar” respondió.
“Tenemos que pensar en ser un poco más humanos, estoy convencida que la responsabilidad es de la Clínica; no argumentó tener orden de no hacerlo ingresar, pero dentro de la clínica se tienen que haber escuchado los gritos”.
Indicó Soledad Laciar.
Asimismo, resaltó que el condenado fue el único en preocuparse. “Fernando fue el único que se acercó a hablar conmigo, de la clínica no se acercó nadie; si él no lo hizo entrar es porque había una bajada de línea de la clínica”.
Luego del juicio, Casalino se acercó a Soledad para disculparse y abrazarla. Ella, ante esta situación, sostuvo que Casalino mantenga su trabajo.
LEER MÁS:
CASO GATILLO FÁCIL: BLAS CORREA
El crimen tuvo lugar el 6 de agosto de 2020 cuando el Gobierno comenzó a flexibilizar las primeras salidas durante la cuarentena por la pandemia. Blas estaba a bordo de un auto con un grupo de amigos y hermano fuera del horario permitido por lo que, el conductor del auto decide evadir un control policial. En consecuencia, dos efectivos policiales disparan al auto al momento de perseguir el vehículo ocasionándole la muerte a Blas.
El 31 de marzo de este año, la Justicia condenó a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón de 33, por “homicidio calificado” por ser integrantes de la Policía, y “agravado por el uso de arma de fuego”, y por “tentativa de homicidio”, ya que Blas iba en un auto con otros cuatro amigos, quienes sobrevivieron a la balacera.
Fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos, ya que se habían puesto de acuerdo para “plantar” un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.
En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.
También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años) por colaborar en la distorsión del caso. En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez que se encontraron inocentes.
