El Gobierno Nacional presentará un proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil para llevar la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 15 para los delitos graves. Según fuentes gubernamentales le confirmaron a Clarín, fue la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser -que dan descargas eléctricas y son consideradas armas de tortura por la ONU- en aeropuertos y trenes fue el factor fundamental que incentivó al Gobierno a avanzar con otras medidas polémicas. El matutino porteño confirmó que el tema se trató en un almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por las vacaciones del presidente Mauricio Macri. El ministro de Justicia, Germán Garavano, ya tiene listo el proyecto hace meses.
Patricia Bullrich ya dio su visto bueno e hizo una concesión, pues la ministra de Seguridad pujaba para que la edad de imputabilidad sea de 14 años. El proyecto finalmente consesuado prevé un sistema de escalas por edad: a los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. Los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho penado en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
Además, 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores. Además se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores. Por otro lado, se tiene en cuenta a los chicos inimputables, es decir, menores de 15: se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
Si el proyecto se aprueba, se endurecerá la ley vigente, la 22.278, que es de 1980: es decir, fue puesta en vigencia en plena dictadura.
