El proyecto de reforma del Código Penal, que actualiza 540 artículos y cuya redacción fue presidida por el camarista Mariano Borinsky, será presentado este mes en el Congreso. Algunos de los puntos más sensibles que incluye el nuevo código son los cambios en las sanciones previstas para las manifestaciones en las calles y para los inmigrantes que cometen delitos, dos puntos que se pusieron en debate luego de los incidentes y detenciones alrededor de la votación por el Presupuesto 2019. La nueva legislación incorpora una figura agravada para los migrantes que usen documentación falsa y para quienes reingresen al país tras haber sido expulsados del país por cometer un delito, con penas de uno a cuatro años de prisión. Asimismo, hay distintas penas para quienes faciliten la entrada o salida ilegal de personas del territorio nacional.
En otro punto, el nuevo Código Penal prevé cambios respecto a las protestas en la vía pública. Hay una pena de un año para quien ejerciere presión a participar de una huelga o lock-out. Por otro lado, hay penas agravadas para el tráfico de paco, la portación ilegal de armas de fuego, los “motochorros” y la corrupción.
La mirada de Finocchario
Sobre el tema, dio su opinión el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo este lunes que “el Gobierno no va por el endurecimiento de las penas” para limitar la protestas social en las calles, “sino por el cumplimiento de la ley y la Constitución Nacional, que es la ley suprema de la República, y que todos puedan disfrutar de sus libertades”. “Tenemos que llegar a un equilibrio entre el derecho constitucional a expresarse, en este caso protestar, con el derecho constitucional de transitar libremente”, afirmó.
