En el escrito de seis páginas, la diputada Elisa Carrió, desgrana los antecedentes de cuestionamientos al camarista Jorge Ballestero, quien junto a su colega Eduardo Farah, dispuso la liberación de los empresarios del Grupo Indalo.
Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre estándar de vida e ingresos del juez federal.
No obstante, precisó Carrió, en 9 de febrero de 2000 el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.
En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicada en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien según Roa sería nexo entre el juez y Cristóbal López.
