Según el Observatorio de Seguridad Pública, la ciudad santafesina de Rosario ya lleva 66 crímenes relacionados a la mafia, el ajuste de cuentas, el narcotráfico y el sicariato en lo que va del año: 26 en enero, 31 en febrero y 9 en marzo.
El ataque contra un supermercado de la familia Rocuzzo y la muerte de un nene de 11 años impulsaron el accionar nacional tras reiterados pedidos del intendente rosarino Pablo Javkin. Ayer, el presidente Alberto Fernández informó el envío de 1400 efectivos del Ejército para contribuir a la lucha contra el crimen organizado en ese sector.
En este contexto, el programa Posta así son las cosas dialogó con Carlos Del Frade -Diputado Provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe-, para conocer en profundidad la situación y el impacto del anuncio presidencial.
“Es fulbito para la tribuna internacional por Messi. Estamos lejos de resolver la recuperación de los barrios rosarinos desde la política democrática”, afirmó. “La gente necesita creer en una fuerza uniformada que en lugar de ser socia del narco, lo combata. Pero creo que cada vez que se metió al ejército en la vida interna de los países, con la excusa de combatir el narcotráfico, fue muchísimo peor“.
Con respecto al asesinato de Máximo Jerez de 11 años, crimen por el cual ya son tres los detenidos, Del Frade afirmó que ve una luz de “esperanza” tras la pueblada de los vecinos contra un kiosco narco. “La gente no se banca que maten a los pibes. Quiere decir que nosotros les vamos a ganar, por más de que Aníbal Fernández diga estúpidamente que el narco ha ganado en Rosario”.
“Hoy la Argentina es la tercera exportadora de cocaína de América hacia el mundo, los segundos en metanfetamina en cuanto a drogas sintéticas, y los séptimos en marihuana. Somos un gran país narco”, señaló el funcionario, recordando el triple crimen de la efedrina y el escándalo que significó en 2007 en plena campaña de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia.
¿Puede llegar a Córdoba este tipo de violencia?
Para el diputado, la muerte del profesor Regino Maders en septiembre de 1991 marcó un antes y un después “porque Maders denunció que se traficaba cocaína en las camionetas de la EPEC. En ese momento estaban vinculados funcionarios de Angeloz (…). Ahí se tomó nota de que Córdoba tenía que hacer algo con las Fuerzas policiales. Para mí eso marca la diferencia de lo que pasó en Santa Fe, donde nunca los gobernantes de la provincia tomaron la decisión de sacarse de encima los nichos de corrupción de la Policía, que generan que en la calle se negocie la participación de un Estado presente corruptamente a favor de los grupos narcopoliciales”.
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