El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, aprobó un protocolo para prevenir y concientizar a los feligreses sobre “la gravedad que revisten los abusos a menores de edad” y establecer “normas de actuación” que ahora se deberán seguir en casos de denuncias de esos delitos.
Se trata de las “normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato con menores de edad y adultos vulnerables”, y del “protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales”.
Ambos documentos fueron comentados por Puiggari durante la celebración religiosa de Semana Santa. Deberán ser cumplidos obligatoriamente por todos los adultos que se desempeñen con menores en los espacios arquidiocesanos, lo que incluye a clérigos, religiosos y laicos.
La abogada y licenciada en Derecho Canónico María Inés Franck, integrante de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores de Paraná, dijo a Cadena 3, que “es una norma de protección para todos”.
“Nos dicen mucho que es exagerado, pero preferimos exagerar un poco”, sostuvo Franck a Cadena 3.
“Las personas que estén en contacto con menores tienen que tener algunos principios a la hora de acercarse a ellos y un absoluto respeto por la intimidad de los chicos”, indicó.
“Es una decisión del Arzobispado de Paraná, no sé si ha hecho consultas puntuales, además rige para Paraná únicamente”, concluyó la abogada.
¿Qué dicen los documentos?
Entre las especificaciones, las normas establecidas prohíben los castigos físicos o el uso de lenguaje humillante o degradante, realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual. E incluso poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico y consumir alcohol o drogas.
“Se prohíbe dar o recibir regalos personales o desproporcionados; se debe evitar en todo momento el contacto físico y si es el menor o adulto vulnerable quien inicia gestos, la respuesta debe ser sobria, breve, apropiada y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”, advierte el documento.
El documento agrega que “un adulto nunca debe permanecer a solas ni recorrer largas distancias con un menor o adulto vulnerable” y prohíbe “reuniones en dormitorios o habitaciones privadas”.
Además, prohíbe exigir secreto o confidencialidad a los menores y establece que las “comunicaciones virtuales deberán ser siempre prudentes y responsables”.
Por otro lado, exige a clérigos y laicos actuar e intervenir cuando menores o adultos vulnerables requieran ser protegidos de daños o riesgos por abuso, y solicita que recurran a su superior en busca de ayuda.
Respecto al protocolo de actuación frente a sospecha o descubrimiento de abusos sexuales, subraya que “todos tienen la responsabilidad de proteger a los menores o adultos vulnerables”, y el protocolo alcanza también a “quienes trabajen en ámbitos eclesiales”.
En tanto, determina que la autoridad eclesiástica que recibe la noticia deberá “entrevistarse con los padres, tutores, curadores o apoyos, de la que deberá labrarse un acta escrita firmada por todos los presentes”. Se especifica también que tendrá 48 horas para “comunicar al arzobispo la situación planteada”, para poner en marcha una investigación preliminar.
Establece asimismo que “se apartará al acusado de sus oficios”, pero aclara que esto no implica la “admisión de culpabilidad” y que “las personas afectadas tendrán acceso a ayuda espiritual y/o psicológica. Si la denuncia o sospecha fuera contra un religioso, dará traslado al superior, procurando que la investigación eclesiástica “no interfiera con los procedimientos estatales”.
