El crimen de Joaquín Sperani (14) en Laboulaye, en el sudeste de la provincia de Córdoba sigue sintiéndose como una herida abierta en la sociedad argentina. Tras un año en el que los ciudadanos fueron testigos de como los medios se inundaban de múltiples casos de menores que portaban armas, en julio llegó el golpe final que terminó de helar la sangre en torno al vinculo menores y violencia. Se trato del “Caso Sperani”, el cual sigue conmocionando por sus particulares características. Un homicidio en manos de un niño de 14 años y una victima de 13.
Tras una rigurosa investigación, estalló no solo el horror sino también la polémica. Tras el hallazgo del cuerpo en “la casa del horror”, de la recopilación de las cámaras de seguridad, las pericias en torno al arma del crimen (un trozo de hierro)y la reconstrucción del paso a paso que había realizado “L” (el niño culpable de asesinato) para despistar a la policía y los adultos, se abrió el debate en torno a la edad de imputabilidad de los menores en argentina.
Este vorágine de preguntas y sensaciones inciertas para una sociedad como un dolor incontenible volvió a brotar de manera abrupta este martes cuando se dio a conocer la liberación de “L”.
A cuatro meses del crimen, la Justicia de Córdoba ordenó la salida del asesino del Complejo Esperanza e impuso condiciones, entre ellas, no mudar de su nuevo domicilio sin autorización y tratamiento multimodal psicoterapéutico individual y familiar .La Justicia de justificó su decisión al decir que la aprehensión del menor infringía los derechos del niño en el marco del tratado que tiene Argentina.
La noticia fue rechazada por la familia del adolescente fallecido. Mariela, madre de Joaquín, expresó en Radio Universidad: “Entendíamos que por ser menor en cualquier momento iba a quedar libre. Nosotros esperábamos que él haga una rehabilitación con profesionales. Pero no fue así. Le hicieron las pericias y se lo entregaron a sus padres”.
