La CGT rechazó los coseguros de la salud privada por considerarlos “extorsivos”

La filial cordobesa del sindicato expresó su repudio a los abonos extra que cobran las instituciones sanitarias. Comunicado completo.
La filial cordobesa del sindicato expresó su repudio a los abonos extra que cobran las instituciones sanitarias. Comunicado completo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba manifestó este lunes su “rechazo a los cobros extorsivos de adicionales” que clínicas, sanatorios y hospitales privados aplican como abonos extra en la prestación de sus servicios, bajo la excusa de supuestas demoras en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas frente al contexto inflacionario que atraviesa el país.

Además el máximo órgano sindical cordobés expresó se pronunció en contra de que las obras sociales sean equiparadas con las empresas prepagas de salud. El documento gremial recordó que “las obras sociales sindicales pertenecen al sistema solidario de la atención de salud y no son empresas que obtienen rentabilidad del servicio que brindan”.

Para la CGT, las empresas de salud privada están “ignorando” que los recursos extras que exigen para las prestaciones “salen de los bolsillos de las y los trabajadores”, quienes “también viven en la misma realidad económica”. En agosto las clínicas y sanatorios se Córdoba habían comenzado a aplicar progresivamente coseguros extras que promediaban los $3.000, denominados “copagos”.

A principios de septiembre la implementación de ese “bono” fue oficializada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), a los efectos de “compensar” la devaluación y lo que señalan como “demoras” en los pagos de las obras sociales. A partir del primer día de octubre ese costo aumento a $6.000.

Como respuesta, la CGT calificó esa imposición como un “cobro compulsivo y arbitrario” y denunció que “en la gran mayoría de los casos los profesionales no emiten recibos ni facturas que respalde lo abonado, transformándose también en evasores”. La filial Córdoba de esa central sindical exigió la “intervención del Estado, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Salud para poner un marco de razonabilidad a todo lo que está ocurriendo en la atención de la salud”.

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