Judiciales denunciados por ir a trabajar sin vacunarse

Se trata de una minoría de personas que se niegan a inocularse y hacerse el test PCR para regresar a los tribunales de la ciudad de Córdoba. Magistrados cuestionaron al Tribunal Superior por la acordada.
Se trata de una minoría de personas que se niegan a inocularse y hacerse el test PCR para regresar a los tribunales de la ciudad de Córdoba. Magistrados cuestionaron al Tribunal Superior por la acordada.

El Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, confirmó en declaraciones radiales que denunciarán penalmente a quienes se presentaron a trabajar este martes en tribunales de la ciudad de Córdoba sin estar vacunados. “Hay algunas personas que incluso labrando acta han ingresado, aun cuando se les ordenó que se retiren, y se han instalado en su oficina a trabajar, no estando vacunadas”, explicó Rosemberg sobre aquellas personas que zafaron controles y serán denunciadas.

Detalló que otras personas se presentaron con escribanos, pero no ingresaron y fueron licenciadas sin goce de sueldo tras labrárseles un acta. Entre ambos episodios representan un grupo de aproximadamente 14 empleados judiciales de Córdoba que quieren regresar a la presencialidad pero se niegan a inocularse contra el coronavirus y además, tampoco quieren hacerse la prueba PCR cada 72 horas, en caso de no vacunarse. Para el Tribunal Superior de Justicia, esta situación genera factores de riesgo. Mientras, deberá resolver el recurso de reconsideración que presentaron los empleados.

Silvana María Chiapero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, expresó, mediante una misiva, la “preocupación” entre los asociados por texto del Acuerdo Reglamentario N° 1712/ 2021. “Omite contemplar la situación de aquellos agentes que, desde los comienzos de la emergencia sanitaria, libre y voluntariamente, han concurrido a prestar servicio en forma presencial con los debidos cuidados, optando por no vacunarse, habida cuenta el carácter experimental de las vacunas que se suministran en el país en general y en el ámbito de la Provincia de Córdoba en particular”, señala el texto.

“La mencionada Acordada en su interpretación literal obliga a los agentes que se encuentren en tal situación a acreditar su estado de salud con un test o práctica invasiva (PCR u otras similares) cada 72 horas y a su costo, cuando hasta el presente solo se ha requerido en casos con síntomas o contactos estrechos, incluso en circunstancias de mayor circulación viral y menos vacunados. La otra opción consiste en solicitar licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado”, añade el escrito. Sobre el final, solicita que “se aclaren los alcances razonables de tal reglamentación a los efectos de evitar que pueda afectarse innecesariamente el servicio de justicia”.

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