El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, con la cárcel de Bouwer como epicentro de un nuevo escándalo que ha captado la atención de todos. El incidente en cuestión, un secuestro extorsivo, tuvo lugar en 2022 pero ha recientemente se ha logrado la detención de dos de los individuos que se encontraban implicados en el hecho, aunque un tercer cómplice aún se encuentra prófugo.
Según el fiscal federal Maximiliano Hairabedián, quien lidera la investigación, el suceso tuvo lugar hace exactamente dos años, cuando al menos tres reclusos armados con armas blancas tomaron como rehenes a otros internos, trasladándolos a una celda del pabellón MX1. Desde allí, exigieron rescate a sus familiares a cambio de la liberación de los cautivos, solicitando tanto dinero como drogas.
En palabras del fiscal, la demora en la detención de los responsables se debió en gran medida a la reticencia de las víctimas para identificar a los perpetradores. “Los presos privados de su libertad nunca quisieron decir con nombre y apellido los presos que los secuestraron”, señaló Hairabedián en diálogo con “El doce”. Esta falta de cooperación llevó a una laboriosa investigación por parte de la Dirección General de Investigaciones de la Policía para identificar a los responsables, basada en testimonios y análisis de cámaras de seguridad.
El fiscal también destacó la ausencia de complicidad por parte del personal penitenciario, señalando que tanto las testimoniales de las víctimas como el análisis de las cámaras de seguridad no indicaron la participación de los guardias en el incidente. Además, reveló que los internos afectados por el secuestro extorsivo nunca llegaron a denunciar el hecho, limitándose a solicitar a través de sus abogados un cambio de pabellón debido a las amenazas recibidas por parte de otros reclusos.
