Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde el debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con la exposición de dos ministros y una funcionaria que defendieron la iniciativa del Gobierno nacional al entender que se busca “evitar muertes evitables” ante un problema “de salud pública”.
En su intervención ante los senadores, el ministro de Salud, Ginés González García, calificó como “extraordinario” al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, aseguró que se tuvo en cuenta “la experiencia mundial” y ratificó que la iniciativa “no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina”.
“Es un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”, remarcó.
“No es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina”, sostuvo en una breve intervención mediante videoconferencia, y detalló que “en una estimación aproximada” se practican alrededor de “mil abortos por día en la Argentina y cien internaciones en hospitales públicos” por prácticas que terminan mal.
“Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando”, reconoció.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente.
El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.
Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
La iniciativa permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
