Estos cánones se establecieron en el contrato de concesión desde el año 2005, pero la Provincia nunca había solicitado ni reclamado por el pago de esta tasa. Finalmente, en la Provincia decidieron dar curso al cobro de los cánones en la tarifa, que el contrato obliga.
Aguas Cordobesas deberá entonces pagar este impuesto por tener el beneficio de lucrar con el recurso hídrico, que es de potestad de la provincia.
Al impuesto no lo pagará la empresa, si no los usuarios. El incremento se implementará en dos tramos. Uno del 7,95% en octubre y 2,44% desde enero de 2019.
“Estamos frente a un nuevo impuesto provincial, ahora escondido en la tarifa de Aguas Cordobesas donde la empresa es un pasamano del dinero, cobra a los usuarios el monto correspondiente a los tres cánones que establece el contrato y le deposita ese dinero a la Provincia, generando un nuevo perjuicio a los usuarios. Con la empresa que concesiona el servicio de agua potable en la Ciudad de Córdoba, involucrada en hechos de corrupción de trascendencia nacional, esta decisión del Gobierno de Schiaretti no hace más que confirmar las relaciones, más que carnales, entre el Grupo Roggio y el Gobierno de UPC.”, remarcó el Legislador Juan Pablo Quinteros.
