Agentes de la Policía Federal que realizaban un allanamiento en la oficina comercial de la empresa Explosivos Villarreal encontraron siete toneladas de ese material que no estaba debidamente resguardado. Las cargas estaban dentro de un camión estacionado en el campo de polvorines de esa compañía ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Alta Gracia.
Los investigadores sospecharon que, de no haber llegado a tiempo, podrían haber terminado en el mercado ilegal. Asimismo, desde la Justicia afirmaron que representaban un peligro para la población por “no encontrarse con el resguardo necesario, acorde a los dispuesto por la ley”.
El juez federal de Córdoba Fernando Sánchez Freytes ordenó secuestrar los explosivos y llevarlos a Austin Powder Argentina SA, una fábrica de la ciudad santafesina de Rafaela.
