La inflación erosiona el poder de compra del dinero y, su aceleración implica una pérdida más veloz del mismo.
Puede hacerse una descripción esquemática del fenómeno suponiendo una tasa de inflación anual del 100%. El poder de compra en productos que tenía, al inicio de ese año, un billete de $1.000 al final del período se reduciría a la mitad, sería el equivalente a lo que hubieran comprado $500 a inicio de año. Es decir, quien se quedó con la plata en la mano perdió $500.
En la Argentina hoy hay impresos $5,5 billones. Siguiendo con el ejemplo de una inflación anual del 100%, todos esos billetes circulantes, transcurrido un año podrán comprar la mitad de lo que adquieren hoy. Si los individuos ajustaran su tenencia de dinero para comprar los mismos bienes que a inicios de año, deberían tener en su poder el doble de billetes: $11 billones.
La principal fuente de financiamiento del Estado son los impuestos cobrados por los distintos niveles de gobierno. Cuando no resultan suficientes para cubrir el gasto, se recurre al endeudamiento. El gobierno nacional dispone de una herramienta adicional, su capacidad de emitir moneda a través de la autoridad monetaria. Cuando el BCRA emite moneda para financiar al Tesoro, se está en presencia del “señoreaje” que es el ingreso real que obtiene el Gobierno por la expansión monetaria.
La emisión excesiva genera inflación y la misma hace que el dinero en poder del público y los bancos, cuando no es invertido, pierde capacidad de compra. Esa pérdida del valor real puede asimilarse a un impuesto ya que tiene elementos en común con los tributos: hay una base imponible y una alícuota impositiva. De aquí surge el término “impuesto inflacionario”.
Aunque no son equivalentes, al concepto de “impuesto inflacionario” se lo suele usar como sinónimo del de “señoreaje”. Esta especie de impuesto no legislado se genera básicamente cuando la emisión para financiar al fisco no está respaldada por el crecimiento de la economía que aumenta la demanda real de dinero. Es decir, resulta espuria y genera inflación.
En la actualidad, el Gobierno argentino usa la emisión monetaria para financiar diversas políticas y la parte de su déficit que, dado el contexto de alta informalidad y desconfianza creciente, no puede solventar con la recaudación tributaria o deuda.
El Estado, dueño del monopolio de la emisión monetaria, cuenta con la facultad de poder expandir o contraer la Base Monetaria.
