La empresa Ersa Urbano solicitó acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) al Ministerio de Trabajo, por la que consideran una mala situación financiera que adjudican al “contexto recesivo e inflacionario que impera sobre la economía nacional”. La figura del PPC es un procedimiento legal que habilitaría a la empresa a despedir trabajadores con menor costo. Según informa La Voz del Interior, la empresa propuso abrir una etapa de retiros voluntarios, hacer suspensiones rotativas de personal sin goce de haberes y “establecer durante el periodo de 12 meses un 50 por ciento de los importes de los salarios como sumas no remuneratorias”.
La empresa, además, se enfrenta a un paro porque decidió no pagarle el medio aguinaldo a sus trabajadores. La medida de Aoita afecta a todo el corredor Sierras Chicas (autovía E53, más Villa Allende), corredor Norte (rutas 9 y 60, más Juárez Celman), corredor Punilla (ruta 38) y Altas Cumbres hasta Villa Dolores.
La empresa de transporte fundamentó que el pedido de PPC se debe al “fuerte deterioro de la economía y de eliminación de los subsidios nacionales” que generaron en la empresa “un fuerte desequilibrio económico y financiero”. Esta situación, aseguran, encontró a la empresa “en el medio de la más importante inversión privada del sector de los últimos tiempos” que incluyó “la compra de chasis, carrocerías y demás insumos valuados en dólares estadounidenses”.
“A esta situación, en pleno proceso de inversión de la empresa, se le ha sumado durante el último período la falta de adecuación de las tarifas del sistema de transporte interurbano de la provincia de Córdoba conforme el marco normativo que dio origen al proceso de adjudicación y la metodología de cálculo vigente”, justificaron.
