El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les adelantó su decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, que se enmarca en la vocación desregulatoria del sector. De esta manera, el Gobierno se propuso como objetivo dejar atrás la Ley de Góndolas y eliminar los fideicomisos del trigo y el aceite como paso inicial de las medidas en las que intervendrá la Secretaría de Comercio e Industria. Por otra parte, el Poder Ejecutivo dará fin al programa de Precios Justos y pondrá en revisión las actas y multas que fueron labradas durante el mandato de Alberto Fernández.
La Ley de Abastecimiento, la cual data de 1974 y tuvo una actualización en 2014, faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios. Además les permite a las autoridades realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos. Es una herramienta en manos del Estado para actuar en caso de desabastecimiento o escasez. También daba derecho el Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.
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Otra ley que Comercio e Industria busca derogar será la del Observatorio de Precios, una medida que creó el gobierno de Axel Kicillof a fines de 2015. Tiene como objetivo, según los fundamentos de la norma, “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.
La tercera es la Ley de Góndolas, cuya vigencia empezó en mayo de 2021. Determina de qué manera los productos deben ser ordenados en los supermercados, en una normativa que incluye a tengan una superficie superior a 800 metros cuadrados. La ley indica, entre otros puntos, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.
Por su parte, el portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que una vez que se supere esa etapa inicial se encararán reformas en varios aspectos de la economía, entre los que destacó las jubilaciones, los alquileres y los subsidios al transporte.
